La Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a la Ley Federal de Derechos, que incluye la creación de un fideicomiso para gestionar los recursos recaudados a través del Derecho de No Residente, destinados a la operación del Tren Maya.
En la sesión de este miércoles, la ley fue aprobada con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones. Este marco legal forma parte del Paquete Económico para el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué implica la Ley Federal de Derechos? La ley aprobada estipula que «los ingresos derivados del derecho relacionado con la prestación de servicios, como la expedición de permisos de estancia a visitantes sin autorización para llevar a cabo actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán a un fideicomiso público federal sin estructura para la empresa Tren Maya.»
La empresa encargada de administrar y operar el proyecto ferroviario está bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que los fondos serán gestionados por el ejército.
A pesar de que la idea de utilizar el Derecho de No Residente para financiar el Tren Maya surgió al comienzo del sexenio, no se habían realizado reformas legales para canalizar los recursos hacia un fideicomiso. Antes de esta administración, los fondos se destinaban a los planes de inversión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que los utilizaba para promover el turismo y mejorar los servicios migratorios.
Por otro lado, los diputados de Morena presentaron una reserva a la Ley para crear otro fideicomiso que obtendrá fondos mediante el cobro de una tasa del 9 por ciento a los aeropuertos concesionados sobre sus ingresos brutos.
Adiós a 13 fideicomisos del Poder Judicial; aprobada su desaparición por diputados “Aplicando la tasa del 9 por ciento a la suma de los ingresos brutos aeroportuarios, servicios por complementarios y comerciales”, señala la reserva aprobada por 262 votos.
Los fondos recaudados se destinarán a dos nuevos fideicomisos, los cuales estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, ambas dependencias responsables de puertos aéreos desde hace un poco más de un año.
Estas decisiones legislativas han generado controversia, ya que se cuestiona la asignación de fondos para el Tren Maya y la creación de nuevos fideicomisos a través de la tasa aeroportuaria. La administración gubernamental afirma que estas medidas son necesarias para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo turístico en México, pero los detractores argumentan que podrían llevar a una falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
