La aplicación de pruebas antidoping sin consentimiento es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos, aseguró el abogado Jesús Jasso Fraire, quien se pronuncia en contra de la disposición del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón de obligar a realizar estos exámenes en ciertos casos.
Jasso Fraire explicó que la obtención de cualquier fluido corporal para pruebas toxicológicas debe contar con el consentimiento de la persona involucrada, de lo contrario, se incurriría en abuso de autoridad y en la violación de tratados internacionales de derechos humanos.
“Es totalmente imposible desde el marco constitucional. Si la persona que participa en un incidente da su consentimiento para el antidoping, no hay problema. Pero si se niega y es obligada, se estarían vulnerando sus derechos humanos”, declaró.
El abogado enfatizó que ni siquiera los Ministerios Públicos en México tienen la facultad de realizar estos procedimientos sin una autorización judicial. Para que una prueba de fluidos como saliva o sangre sea válida, se requiere un control judicial previo.
“Deben hacer una solicitud ante un juez para poder obtener legalmente los fluidos de una persona que se ha negado, justificando la necesidad de la práctica”, detalló.
Enfatizó que si en casos de delitos graves no se pueden realizar pruebas antidoping sin autorización judicial, mucho menos en faltas administrativas como las que contempla la nueva disposición municipal.
Advirtió que, de implementarse esta medida sin el debido sustento legal, se cometería abuso de autoridad y podría derivar en denuncias contra los responsables.
Jasso Fraire también señaló que la efectividad de estas pruebas es cuestionable si no se siguen los protocolos adecuados, como la cadena de custodia y el resguardo correcto de las muestras.
Por último, argumentó que la reducción de accidentes viales no depende de la imposición de sanciones o pruebas toxicológicas, sino de una estrategia integral de prevención y educación vial.
