La sentencia del Tribunal Supremo que otorga una amplia inmunidad a Donald Trump por sus actos como presidente marca un antes y un después en el régimen jurídico aplicable al inquilino de la Casa Blanca. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo exime de responsabilidad al presidente en el ejercicio de su autoridad constitucional y le declara presuntamente inmune en todos los actos oficiales. Eso, según las tres juezas progresistas del Supremo, abre paso a “escenarios de pesadilla” en los que un presidente puede ser declarado inmune incluso por el asesinato de rivales políticos, la aceptación de sobornos y hasta por dar un golpe de Estado. El presidente, a partir de la polémica sentencia, se ha convertido en un “rey por encima de la ley”. Por eso, manifiestan su “miedo por la democracia”.
El principal voto particular discordante está redactado por la jueza Sonia Sotomayor y secundado por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Está redactado todo él en términos muy duros. “El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido de la persecución penal”, indica.
“¿Ordena al Equipo Seal 6 [fuerzas especiales] de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Dejemos que el presidente viole la ley, dejémosle explotar las trampas de su cargo para beneficio personal, dejémosle usar su poder oficial para fines malvados. Porque si supiera que algún día puede enfrentarse a la responsabilidad por violar la ley, no sería tan audaz y valiente como nos gustaría que fuera. Este es el mensaje de la mayoría hoy”, señalaban las juezas en su voto particular de este lunes.
“Escenarios de pesadilla”
“Aunque estos escenarios de pesadilla nunca lleguen a producirse, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, añaden.
Las juezas ponen el acento en que ya se describa como presunta o absoluta, según la tesis de la mayoría, “el uso por parte de un presidente de cualquier poder oficial para cualquier fin, incluso el más corrupto, es inmune a la persecución”. “Esto es tan malo como suena, y carece de fundamento”, dicen.
Además, critican otro aspecto de la sentencia que también sirve para blindar a Donald Trump y hacer más difícil su persecución por los presuntos delitos que cometió para alterar los resultados de las elecciones de 2020. La sentencia declara que las pruebas relativas a los actos por los que el presidente es inmune no pueden desempeñar ningún papel en ningún proceso penal contra él. “Esta afirmación, que impedirá al Gobierno utilizar los actos oficiales de un presidente para probar el conocimiento o la intención en el enjuiciamiento de delitos privados, carece de sentido”, señalan.
La polémica decisión de la mayoría
La mayoría conservadora trata de matizar el contenido de la sentencia con algunas precisiones y obviedades, como que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales”, que “no todo lo que hace el presidente es oficial”, y que la inmunidad “se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política o partido”. La sentencia beneficia directamente a Trump, pero parece que los jueces se ven obligados a decir que no es una decisión a medida para él.
Ningún otro presidente ha necesitado apelar a esa inmunidad. El voto particular recuerda cómo el presidente Gerald Ford concedió un indulto a Richard Nixon tras su dimisión por el caso Watergate. Tanto el indulto de Ford como la aceptación del mismo por parte de Nixon “descansaban necesariamente en el entendimiento de que el expresidente se enfrentaba a una posible responsabilidad penal”, explican.
“Nunca en la historia de nuestra República un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a la persecución penal si utilizaba las circunstancias de su cargo para violar la ley penal. Sin embargo, a partir de ahora, todos los expresidentes gozarán de dicha inmunidad. Si el ocupante de ese cargo hace un uso indebido del poder oficial en beneficio propio, el derecho penal que el resto de nosotros debemos acatar no servirá de protección. Temiendo por nuestra democracia, disiento”, termina su voto particular.
