La jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, ha cerrado el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por su presunta injerencia en las elecciones de 2020 y su implicación en el asalto al Capitolio en enero de 2021. La decisión se tomó tras una solicitud del fiscal especial Jack Smith, quien recomendó que el caso fuera desestimado antes de la investidura de Trump, prevista para el 20 de enero de 2025.
El fiscal Smith se basó en la política histórica del Departamento de Justicia que desde 1973 ha sostenido que no debe procesarse a un presidente en ejercicio. En su recomendación, Smith explicó que, aunque la acusación contra Trump no ha cambiado, las circunstancias han evolucionado desde que se presentó el caso, lo que llevó a su solicitud de desestimación temporal.
Una política sin precedentes en la historia de EE.UU.
El Departamento de Justicia ha mantenido desde el escándalo de Watergate una política de no procesar a un presidente mientras esté en funciones. Esta política fue invocada nuevamente en el caso de Trump, quien, a pesar de haber sido imputado penalmente antes de asumir la presidencia, no podrá ser juzgado por estos cargos hasta que deje el cargo, lo que se espera ocurra a más tardar en 2029, si es que no es reelegido.
En su presentación ante la jueza, Smith destacó que la acusación contra Trump sigue siendo válida, pero que, debido a la política vigente, el caso debe ser suspendido temporalmente hasta que el expresidente deje su cargo.
El futuro del caso
El fiscal dejó abierta la posibilidad de que los procedimientos judiciales puedan reactivarse una vez que Trump deje la presidencia, lo que significa que el caso podría retomar su curso en 2029. La decisión de la jueza Chutkan pone en pausa un proceso que había estado ganando atención mediática y política desde que se presentaron las primeras acusaciones contra Trump por sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 y su implicación en los eventos que llevaron al asalto del Capitolio.
La medida refleja la complejidad y los precedentes legales que se deben considerar cuando se trata de un presidente de Estados Unidos enfrentando cargos criminales mientras está en funciones. Sin embargo, el caso podría reactivarse una vez Trump deje el cargo, dando lugar a una nueva etapa judicial que podría tener repercusiones significativas en su futuro político.
Un giro en los procesos judiciales
Desde las elecciones del 5 de noviembre, muchos ya preveían que Trump podría librarse de los procedimientos judiciales pendientes, que incluyen no solo el caso por el asalto al Capitolio, sino también otro relacionado con la retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. Aunque el fiscal Smith había suspendido todas las fechas judiciales relacionadas con estos casos, el plazo para tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder se extendió hasta el 2 de diciembre, cuando se espera que el Departamento de Justicia haga una declaración final sobre su enfoque en estos procedimientos.
El cierre temporal del caso por injerencia electoral y el asalto al Capitolio marca un giro en este proceso judicial sin precedentes, que, en última instancia, podría reactivarse en el futuro dependiendo de la situación política y legal de Trump.
