Google ha despedido a 28 empleados luego de que participaran en protestas contra el Proyecto Nimbus, un contrato conjunto de mil 200 millones de dólares con Amazon para proveer inteligencia artificial y servicios en la nube al Gobierno y al ejército israelíes.
Las protestas fueron lideradas por la organización No Tech for Apartheid y se llevaron a cabo el martes 16 de abril en las oficinas de Google en Nueva York, Seattle y Sunnyvale, California. Los manifestantes realizaron una sentada de casi 10 horas, y nueve de ellos fueron arrestados por cargos de allanamiento de morada.
Google argumentó que las protestas violaron las políticas internas de la empresa, afirmando que los manifestantes obstaculizaron físicamente el trabajo de otros empleados y se negaron a abandonar las instalaciones cuando se les pidió. La empresa anunció que despediría a los trabajadores involucrados, medida que ha sido criticada por los afectados y sus partidarios.
El Proyecto Nimbus ha generado controversia debido a su asociación con el Gobierno y el ejército de Israel. Aunque Google asegura que el contrato no está dirigido a cargas de trabajo militares o clasificadas, los empleados han expresado su oposición a colaborar con instituciones vinculadas a la ocupación y el conflicto en Oriente Medio.
Este episodio refleja tensiones más amplias dentro de la industria tecnológica, donde los empleados han buscado ejercer presión sobre sus empresas para que adopten posturas éticas y responsables. Aunque la legislación laboral estadounidense otorga a los trabajadores el derecho a participar en acciones colectivas relacionadas con las condiciones laborales, la respuesta de Google a las protestas ha sido criticada como draconiana por algunos observadores.
La gestión de Google del debate interno sobre el conflicto en Medio Oriente también ha sido cuestionada. Después de las protestas, las discusiones en los foros internos de la empresa reflejaron una diversidad de opiniones, lo que generó tensiones y llevó a la moderación de algunos hilos de discusión.
Este incidente destaca los desafíos que enfrentan las empresas tecnológicas al tratar de equilibrar la libertad de expresión de sus empleados con las consideraciones políticas y éticas de sus operaciones comerciales.
