El pasado viernes 20 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de simplificación administrativa que determina la desaparición de siete organismos autónomos. Entre estos, destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Coneval, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con esta reforma, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que permitan implementar el decreto. El documento especifica que las funciones de los organismos serán absorbidas por diversas dependencias de la administración pública federal. Por ejemplo:
- Las responsabilidades del INAI pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Las atribuciones del IFT serán asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
- El Coneval transferirá sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- La Cofece será integrada a la Secretaría de Economía (SE).
- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se trasladarán a la Secretaría de Energía (Sener).
- La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) será absorbida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El decreto establece que las modificaciones legislativas deben enfocarse en eliminar duplicidades y asegurar que las funciones de los organismos extintos sean integradas de manera eficiente en las dependencias correspondientes. Además, se puntualiza que:
- Los derechos laborales de los trabajadores serán respetados, y el personal de los organismos extintos podrá ser reubicado en las dependencias que asuman sus funciones.
- Los ahorros generados por la desaparición de los organismos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- Se establecerán mecanismos expeditos para garantizar la transparencia y el acceso a la información, que serán supervisados por instancias competentes.
El INAI emitió un comunicado expresando su preocupación por los efectos de esta reforma, señalando que podría complejizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Además, reiteró su compromiso de trabajar hasta el último día en garantizar los derechos que promovieron su creación.
Por su parte, organizaciones civiles han manifestado su descontento, argumentando que la desaparición de estos organismos puede afectar la vigilancia de la administración pública y debilitar los derechos ciudadanos.
El gobierno defiende esta medida bajo el argumento de que promoverá una administración más eficiente y ahorrará recursos. Sin embargo, la transición y las adecuaciones legales serán clave para determinar el impacto real de esta reforma en la transparencia, la competencia económica y el desarrollo social en el país.
