El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este lunes su intención de declarar un «estado de emergencia» a partir de su toma de posesión el próximo 20 de enero de 2025, con el fin de emplear a las fuerzas armadas en un ambicioso programa de deportaciones masivas. Esta medida busca abordar lo que el mandatario describe como una «crisis nacional» derivada de la situación migratoria en la frontera con México.
Planes para deportaciones masivas
Stephen Miller, arquitecto de las políticas migratorias de Trump y recientemente nombrado subjefe de gabinete, ha señalado que gobernadores republicanos podrían desplegar tropas de la Guardia Nacional en sus estados para colaborar en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. El objetivo inicial es crear centros de detención y procesar a los más de 11 millones de personas en situación irregular que residen en el país.
En redes sociales, Trump confirmó los rumores tras un tuit de Tom Fitton, presidente de la organización conservadora Judicial Watch, en el que se detallaban los planes del próximo gobierno. “Es verdad”, escribió Trump, asegurando que el uso de recursos militares será clave para llevar a cabo las deportaciones.
Críticas y desafíos legales
La decisión de emplear fuerzas armadas en estas acciones ha generado controversia. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han cuestionado la legalidad de esta medida, argumentando que ninguna ley permite el uso de tropas para aplicar leyes migratorias dentro del país. America’s Voice, otra agrupación de defensa de los derechos de los migrantes, considera que la declaración de emergencia podría violar derechos fundamentales.
Además, líderes republicanos han manifestado preocupaciones económicas. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, declaró que la inmigración legal es crucial para mantener la fuerza laboral del país, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos de un éxodo masivo de trabajadores migrantes.
Preparativos estatales y primeras acciones
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, anunció un proyecto piloto para entregar a inmigrantes indocumentados encarcelados a autoridades federales como preparación para el plan de Trump. “Queremos ser el primer estado que colabore con el presidente electo”, afirmó. Según Stitt, más de 500 personas bajo custodia estatal están en condiciones de ser deportadas.
Respuesta de la administración entrante
Thomas Homan, futuro “zar fronterizo” del gobierno de Trump, aseguró que las deportaciones comenzarán con inmigrantes que tengan antecedentes penales o que hayan infringido la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que la implementación de estas medidas podría enfrentar importantes desafíos legales y logísticos.
A menos de dos meses de asumir el cargo, Trump parece decidido a priorizar su agenda migratoria, pese a las críticas y obstáculos que podrían surgir en los próximos meses.
