La reciente asignación de más de 40 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Gómez Palacio a proyectos de pavimentación ha desatado una intensa polémica en la ciudad. Aunque el objetivo de mejorar la infraestructura vial es claro, algunos ciudadanos han expresado preocupaciones y cuestionamientos.
La inversión, que proviene en su mayoría de recursos del Ramo 33, ha sido objeto de controversia debido a la asignación de 12 millones de pesos a acciones de repavimentación en siete comunidades rurales. Particularmente, se ha cuestionado el origen de más de 15 millones de pesos provenientes del programa de Regulación de Vehículos de Procedencia Extranjera y su uso en el recarpeteo de la vialidad de San Ignacio – Nuevo Gómez, una sección de la avenida Mina y el bulevar Jabonoso.
Los críticos argumentan que, en un momento de desafíos económicos, el Ayuntamiento debería priorizar la inversión en otros servicios y necesidades básicas, como salud y educación. Además, cuestionan si la pavimentación es la prioridad más urgente en la ciudad, considerando otros problemas no resueltos.
Esta controversia refleja un debate más amplio sobre la asignación de recursos públicos y la priorización de proyectos en beneficio de la comunidad. Mientras algunos respaldan la inversión en pavimentación como una mejora necesaria en la infraestructura vial, otros exigen una mayor transparencia y la consideración de otras prioridades de gasto. El Ayuntamiento de Gómez Palacio enfrenta el desafío de equilibrar las necesidades de la ciudadanía en medio de esta polémica.
