El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha sido acusado de triangular recursos del erario hacia el despacho de abogados del que es socio junto a su padre, Samuel García Mascorro. Esta situación ha sido destacada en diversas publicaciones, generando controversia y cuestionamientos sobre la transparencia en su administración.
Según la información revelada, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, la empresa Suministro MYR facturó 964.7 millones de pesos al gobierno de Nuevo León por diversos servicios. MYR, a su vez, facturó 237.2 millones de pesos a Proveedor de Productos Mexicanos Jace por servicios de administración corporativa. Finalmente, Jace pagó 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, donde Samuel García es socio, bajo el concepto de honorarios por servicios profesionales.
Samuel García ha negado cualquier irregularidad, argumentando que estos pagos corresponden a asesorías brindadas desde antes de asumir la gubernatura, específicamente desde 2017, relacionadas con una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el ejercicio fiscal de 2015. Además, el gobernador ha calificado estas acusaciones como ataques políticos en el contexto de la campaña electoral.
Pese a sus declaraciones de inocencia y las pruebas que asegura tener, la polémica persiste, con diversas voces exigiendo mayor claridad y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos y las relaciones entre las empresas y el despacho de abogados involucrados