En los primeros días de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha implementado una operación de deportación masiva que, según la Casa Blanca, es «la mayor en la historia de Estados Unidos». Hasta el momento, se reporta la detención de 538 migrantes indocumentados y la expulsión de cientos más como parte de un esfuerzo amplio para reforzar el control migratorio en la frontera sur del país.
Esta medida es respaldada por un decreto que declara estado de emergencia en la frontera con México, permitiendo la participación del Ejército en tareas de apoyo al Departamento de Seguridad Nacional. Trump justificó la decisión al calificar la situación en la frontera como una «invasión» que, según él, pone en riesgo la seguridad y la soberanía de la nación. Además, ha señalado su intención de revisar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque este cambio enfrenta barreras legales significativas
La comunidad internacional y diversas organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto humanitario de estas acciones, especialmente por el posible desmembramiento de familias migrantes. También se teme que las expulsiones masivas afecten sectores de la economía que dependen de la mano de obra de trabajadores migrantes