En medio de una creciente tensión política, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, acusó al expresidente Evo Morales de intento de asesinato, afirmando que Morales disparó contra policías en un punto de control en el Chapare. La versión oficial sostiene que el vehículo de Morales no se detuvo ante el control policial y que desde el interior del auto se abrieron fuego y atropellaron a un policía, provocándole una fractura.
Este suceso, ocurrido el pasado domingo, desató fuertes reacciones, pues los seguidores de Morales denuncian que el ataque fue parte de un intento de captura. El expresidente viajaba hacia una emisora de radio en Llauca Ñ cuando, según su versión, fue interceptado y tiroteado por vehículos sospechosos que, tras la persecución, regresaron a un cuartel militar cercano. Morales, quien resultó ileso, afirmó que una bala estuvo a centímetros de su cabeza.
Los cocaleros, quienes respaldan a Morales, reaccionaron bloqueando el cuartel de la Novena División del Ejército y quemando las camionetas involucradas en la persecución, exigiendo explicaciones a las autoridades. También tomaron el aeropuerto de Chimoré y extendieron los bloqueos en las carreteras, lo que ha afectado el suministro de alimentos y combustibles en varias ciudades, agravando la crisis en Bolivia.
Mientras que el Gobierno sostiene que el incidente fue un intento de Morales de evadir un control debido a presuntas sustancias ilegales, el expresidente lo califica de “atentado” y ha solicitado medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este conflicto, en el que ambos lados se acusan de manipular la narrativa, ha polarizado aún más al país. La comunidad internacional, incluyendo la OEA, ha llamado a investigar los hechos para garantizar la estabilidad y rechazar la violencia en la política boliviana.
