La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución para condenar enérgicamente el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.
La iniciativa, presentada por la delegación de Colombia, también reprocha “los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”. Este acto de solidaridad regional llega en un momento de alta tensión diplomática entre México y Ecuador.
El Consejo Permanente de la OEA no ha dado lugar al reclamo de Ecuador, representado en la sesión extraordinaria por el viceministro de Movilidad Humana del Ejecutivo de Noboa, Alejandro Dávalos. Ecuador defendió la actuación de su Gobierno como un paso necesario para evitar la “impunidad” y evitar que el exvicepresidente Jorge Glas lograra “evadir la justicia”.
Las imágenes del asalto a la Embajada, difundidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muestran a una docena de policías armados ingresando a la sede, maltratando al personal diplomático y sacando a rastras a Glas. Este hecho provocó una condena generalizada, incluso por parte de Estados Unidos, y un respaldo masivo a México por parte de la comunidad internacional.
López Obrador agradeció el apoyo recibido y destacó la postura de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien a pesar de diferencias previas, condenó el asalto. El presidente mexicano anunció que su Gobierno presentará una demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
La resolución aprobada por la OEA insta a ambos países a dialogar para resolver la disputa, reafirmando la obligación de respetar los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. Ecuador reclamó que se condene solo las violaciones de su país y no las de México, argumentando que México violó la Convención de Viena al otorgar asilo a una persona condenada por delitos de corrupción.
