La junta militar que gobierna Malí desde 2020 ha suspendido indefinidamente toda actividad política, incluyendo partidos y asociaciones, para evitar manifestaciones previstas que critican la falta de libertades.
Esta medida ha sido condenada por organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes la consideran un retroceso democrático. La comunidad internacional insta a la junta a restablecer el orden constitucional y permitir la participación política.

