Un tribunal de Massachusetts limitó la autoridad del Departamento de Defensa para deportar migrantes desde Guantánamo Bay sin pasar por los protocolos de Homeland Security, ordenando que se respete el debido proceso.
El fallo, emitido por el juez Brian Murphy, respondió a la impugnación de grupos pro-derechos que alegaron violación de una orden previa tras el envío de cuatro venezolanos a El Salvador.
Murphy subrayó que los migrantes deben tener oportunidad de expresar temores de persecución o tortura antes de cualquier transferencia a terceros países.
El gobierno defendió que la remoción no infringía la orden, al haber sido ejecutada por la Defensa y no por Homeland Security.
Organizaciones de derechos humanos celebraron la medida como un refuerzo de las garantías judiciales, mientras la administración considera apelar el fallo.
El caso mantiene en suspenso la práctica de usar Guantánamo para detenciones migratorias rápidas, tras denuncias de condiciones “degradantes” en la base.
