En el Senado de la República está listo el dictamen de una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las llamadas “pensiones doradas” que reciben ex funcionarios de altos mandos en empresas y organismos públicos.
La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las jubilaciones financiadas con recursos públicos, de modo que no superen el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
El dictamen señala que actualmente existen casos de pensiones extremadamente altas. Por ejemplo, ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro llegan a recibir hasta un millón de pesos al mes, mientras que en Petróleos Mexicanos algunos pensionados perciben alrededor de 340 mil pesos mensuales.
La iniciativa sostiene que estas jubilaciones generan compromisos presupuestarios que afectan las finanzas públicas y resultan desproporcionadas frente al ingreso promedio de la población.
Además, los legisladores aclararon que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a personal de base, sino únicamente a altos mandos de confianza en empresas paraestatales, organismos descentralizados y banca de desarrollo.
Según estimaciones presentadas en el Senado, la medida permitiría ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales al erario y eliminar regímenes de privilegio que se establecieron en administraciones anteriores.
