En medio de la creciente violencia criminal en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció planes para expulsar a 1,500 presos extranjeros, la mayoría provenientes de Colombia, Perú y Venezuela. La medida ha suscitado preocupación entre los países vecinos, que ya enfrentan problemas de hacinamiento en sus cárceles.
La decisión de Noboa surge después de una serie de actos violentos, incluyendo secuestros, explosiones y motines en cárceles, lo que llevó al presidente a declarar un «conflicto armado interno» en el país. Noboa afirmó que los traslados iniciarían esta semana y que se daría prioridad a los presos colombianos, seguidos por aquellos de Perú y Venezuela, que constituyen el 90% de la población carcelaria extranjera.
La medida ha generado respuestas de preocupación por parte de los países afectados. Perú advirtió que, en caso de que Ecuador expulse a los 100 peruanos presos en sus cárceles, procederá a repatriar a los 162 ecuatorianos detenidos en prisiones peruanas. Colombia también expresó su preocupación, señalando que la repatriación debe seguir un protocolo específico y no ser un proceso masivo e unilateral.
Además, existe inquietud sobre el impacto en el hacinamiento carcelario en los países receptores. Perú, con un hacinamiento del 107%, y Colombia, con un 24%, ya enfrentan problemas significativos en sus cárceles. La medida plantea desafíos logísticos y legales, y se espera que genere tensiones diplomáticas en la región.
