En una rueda de prensa ofrecida el 10 de octubre de 2024, el diputado local Antonio Attolini Murra expresó fuertes críticas hacia el funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos de Torreón, exigiendo su desaparición por considerarla «inmoral e ilegal». Attolini cuestionó la actuación de la unidad, señalando que esta no remite las quejas recibidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como sería el procedimiento adecuado.
El legislador manifestó su preocupación sobre la falta de transparencia y la falta de imparcialidad en la gestión de la unidad. Según explicó, desde mediados de 2022, esta ha sido presidida por un ex visitador de la CEDH, quien, en principio, parecía garantizar protección a los ciudadanos frente a violaciones a sus derechos, pero que en la práctica ha demostrado ser contradictorio con los principios que debería defender.
Attolini destacó una importante inconsistencia en los números presentados por la unidad. Según el informe presentado en febrero por el titular de la dependencia, se recibieron 126 quejas en lo que va del año, sin embargo, al solicitar información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo se contabilizan 36 de ellas. Esta diferencia de cifras, según el diputado, pone en duda la gestión y el proceso que sigue la unidad al recibir y tratar las denuncias de la ciudadanía.
El diputado subrayó que la imparcialidad de la Unidad de Derechos Humanos de Torreón está comprometida debido a su dependencia directa del ayuntamiento. «Es escandaloso e inmoral que una unidad cuya misión es proteger a los ciudadanos de violaciones cometidas por funcionarios públicos del ayuntamiento dependa directamente de una oficina del propio ayuntamiento. ¿Cómo puede garantizarse la imparcialidad cuando es juez y parte?», cuestionó Attolini.
Finalmente, el legislador hizo un llamado directo al alcalde de Torreón, Román Cepeda, exigiendo que la unidad sea desmantelada. «Exijo que el alcalde Román Cepeda desaparezca esta unidad que opera al margen de la ley y asuma la responsabilidad legal frente a todas las víctimas a las que ha ‘arreglado’ de manera ilegal e inmoral», concluyó Attolini.
El diputado insistió en que las autoridades locales deben garantizar justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, poniendo fin a lo que considera una «operación irregular» que afecta la credibilidad del sistema de protección de derechos en Torreón.
