Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) siguen manifestándose en Torreón para oponerse a la reforma judicial propuesta, que plantea cambios significativos a la Constitución. Jueces, magistrados y abogados están realizando protestas en la calzada Colón, cerca de la avenida Bravo, donde mantienen un carril cerrado para entregar folletos informativos a los conductores. Las reacciones del público varían entre apoyo, desconocimiento y en ocasiones burlas.
Carlos Martín Hernández, magistrado de distrito, subrayó que su preocupación no es solo por la preservación de sus puestos, sino por el riesgo que esta reforma podría representar para la democracia del país. “Es necesario que la Constitución se mantenga así para que haya un equilibrio, pesos y contrapesos que aseguren nuestra independencia. No estamos en contra de reformas, sino de una propuesta que podría someter la justicia a compromisos políticos”, afirmó Hernández.
Mientras el paro de labores continúa, se están atendiendo únicamente casos urgentes. Ernesto Tavera Villegas, juez tercero de distrito, informó que semanalmente llegan alrededor de 40 casos urgentes a los juzgados, mientras el resto del personal sigue en protesta.
La reforma también ha suscitado preocupaciones internacionales, con pronunciamientos de cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá. Los trabajadores esperan que se reformule la propuesta para evitar que jueces y magistrados sean electos por votación popular. En caso de que el gobierno federal no detenga la propuesta, el PJF busca presentar una solicitud de medidas urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“A nivel internacional, ya hemos solicitado medidas urgentes a la Comisión Interamericana. Pronto se presentará ante el Sistema Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no es hoy, será mañana cuando esperemos un pronunciamiento”, explicó Hernández.
El Poder Judicial de la Federación está compuesto por 55 mil personas, de las cuales 1,700 son titulares, jueces y magistrados. En la Región Laguna, que incluye partes de Durango y Coahuila, aproximadamente 1,500 personas están directamente afectadas por estas manifestaciones.
