La voracidad de las constructoras en busca de millonarios contratos vuelve a salir a la luz en Torreón, donde varias empresas afiliadas a la CMIC han levantado la mano para participar en el controvertido Proyecto Corredor Matamoros. Aunque las autoridades lo presentan como una oportunidad de mejora para la ciudad, no faltan las voces críticas que cuestionan si se trata realmente de una inversión en beneficio público o de una manera de favorecer a ciertos grupos.
Donato Gutiérrez, presidente de la CMIC, no esconde el interés de estas constructoras en obtener su tajada de la obra pública. Sin embargo, llama la atención la facilidad con la que estas empresas parecen estar dispuestas a sumarse a un proyecto que, según la versión oficial, constará de obras «sencillas» como recarpeteo, banquetas, reforestación e imagen urbana. ¿Qué hay detrás de esta aparente eagernesa? ¿Acaso estas empresas han sido preseleccionadas? La sombra de los acuerdos a puerta cerrada parece acechar en este proceso.
El monto inicial de 20 millones de pesos puede parecer modesto para un proyecto de esta magnitud, pero es justo aquí donde surge el escepticismo. ¿Realmente es suficiente para llevar a cabo mejoras significativas en el corredor? ¿O estamos viendo un ejemplo más de inversión mal direccionada y falta de transparencia en la asignación de recursos?
Es importante recordar que, según Gutiérrez, el 95% de los afiliados a la CMIC dependen de la obra pública de los tres niveles de gobierno. Esta alta dependencia plantea la pregunta de si las decisiones de inversión en infraestructura realmente están siendo tomadas en función del interés público o para garantizar el beneficio económico de un selecto grupo de empresas.
Con el antecedente de escándalos de corrupción y favoritismo en proyectos de construcción en varias ciudades del país, es esencial que los ciudadanos se mantengan alerta y exijan transparencia en este proceso. ¿Estamos realmente ante un proyecto que mejorará la calidad de vida de los habitantes de Torreón o ante una maniobra que solo beneficiará a ciertas empresas y a sus conexiones políticas? La comunidad merece respuestas claras y una gestión de recursos honesta y eficiente.
