La reciente reforma a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral en México ha encendido las alarmas entre los organismos empresariales de la región debido a las implicaciones que tendrá sobre el cobro del impuesto predial y la soberanía local.
El sector privado advierte que esta legislación centraliza las decisiones fiscales y pone en riesgo la estabilidad del patrimonio inmobiliario al unificar los criterios de valoración desde la Federación, ignorando las particularidades de cada municipio.
Hilda Dueñez Rodríguez, presidenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, calificó la medida como un retroceso grave para las finanzas locales, señalando que el principal impacto negativo radica en la pérdida de autonomía para los municipios y los estados de la República.
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