Imagina denunciar violencia.
Imagina pedir justicia.
Imagina proteger a tu hija.
Y que tu agresor, abogado de profesión, encuentre un atajo legal para no pagar pensión, no asumir paternidad y seguir persiguiéndote… desde los juzgados.
Eso está pasando en Durango.
Un hombre que negó a su hija.
Que fue denunciado por violencia familiar.
Que saturó de demandas a su ex pareja.
Y que —según la denuncia— cambió legalmente de identidad para confundir al sistema y pedir “perspectiva de género” cuando la víctima era ella.
Aclaremos algo de una vez:
⚠️ Esto no va contra las personas trans.
⚠️ La identidad de género no es el problema.
El problema es usar la ley como disfraz para evadir responsabilidades y seguir violentando.
Porque mientras él juega ajedrez jurídico,
ella pierde su trabajo,
pierde redes de apoyo,
pierde tranquilidad,
pierde tiempo defendiendo su vida en tribunales.
Y la niña… queda en medio.
Como siempre.
¿En qué momento el sistema protege más al agresor que a la víctima?
¿En qué momento la burocracia se volvió cómplice del abuso?
¿Quién pone un alto cuando la ley deja de buscar justicia y empieza a fabricar impunidad?
Esto no es inclusión.
No es avance.
No es justicia.
Es violencia institucional con toga y sello oficial.
Si un agresor puede reinventarse legalmente para no pagar pensión,
si puede negar a su hija sin consecuencias,
si puede denunciar hasta desgastar,
entonces el mensaje es aterrador:
👉 En este país, quien conoce la ley puede torcerla.
👉 Y quien denuncia, paga el precio.
Hoy no se está juzgando una identidad.
Se está señalando un abuso.
Y callar por miedo a incomodar solo garantiza que mañana
haya más víctimas…
y más agresores protegidos por el sistema.
