La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenía como objetivo favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los generadores privados. La decisión, tomada con tres votos a favor en la Segunda Sala, establece un precedente significativo para los miles de amparos presentados por privados en contra de las modificaciones legales de 2021.
En la votación del miércoles, la Segunda Sala definió que los cambios legales, que daban prioridad a la energía generada por la CFE sobre las energías renovables, eran inconstitucionales. Estos cambios también eliminaban las subastas para adquirir energía al mejor precio, las figuras de autoproducción para vender electricidad y los certificados de energía limpia.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, aprobado por la mayoría, argumenta que los siete artículos principales de las modificaciones violan el marco establecido en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto sobre generación y mercado eléctrico mayorista. Se destaca que el favorecimiento de un grupo de centrales distorsiona la competencia y libre concurrencia en el sector, obstaculizando la formación de un nuevo mercado y desincentivando la participación de nuevos agentes.
Aunque el amparo fue presentado por seis empresas privadas, la decisión de la Suprema Corte busca evitar una distorsión diversa en el mercado de generación eléctrica, asegurando que la sentencia solo beneficie a las partes quejosas.
El ministro Pérez Dayán, como presidente de la Segunda Sala, tuvo el voto decisivo después de un empate debido a la excusa del ministro Javier Laynez, quien formó parte del gobierno de Peña Nieto y promovió la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en 2013. La Segunda Sala votó solo este proyecto de sentencia, omitiendo otro propuesto, ante un impedimento promovido por el gobierno.
Esta decisión de la SCJN sigue una línea similar a la resolución de la Primera Sala en 2022, que también declaró la inconstitucionalidad, respaldando así los amparos presentados por generadores privados desde 2021.