Tras la reciente difusión del caso de un colaborador de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) acusado de entregar a un bebé a cambio de un beneficio económico de 20 mil pesos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que se investiga el presunto delito de trata de personas.
Carlos Rangel Gámez, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía, detalló que se integró una carpeta de investigación con los elementos suficientes para judicializar el caso. En consecuencia, se giró una orden de aprehensión que fue cumplimentada esta semana, llevando al detenido ante el Juez de Control, quien lo vinculó a proceso y dictó una sentencia condenatoria.
Consultado sobre la situación del sentenciado, Rangel Gámez explicó que este cuenta con ciertos derechos legales, lo que permitió a su defensa gestionar beneficios dentro del proceso de ejecución de la sentencia. En cuanto a la tipificación del delito, señaló que la trata de personas contempla diversas penalidades dependiendo de las circunstancias del caso, y que actualmente se trabaja en la individualización de la pena.
El fiscal confirmó que el recién nacido se encuentra resguardado y en buen estado de salud, aunque evitó revelar más detalles para salvaguardar su integridad y derechos. Sobre la posibilidad de más casos similares en PRONNIF, afirmó que las investigaciones continúan abiertas, aunque hasta el momento no se han registrado otras denuncias.
Sentencia condenatoria y sanciones
El pasado miércoles se dictó sentencia condenatoria contra M.A.H.E., excolaborador de PRONNIF en la Región Laguna, quien recibirá una pena de tres años de prisión y deberá cubrir pagos por multas y daños que superan los 120 mil pesos.
De acuerdo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, la Unidad contra la Trata de Personas logró la condena mediante un procedimiento abreviado dentro del expediente 356/2025. Se determinó que el acusado, en ejercicio de su función como servidor público, indujo a la menor Fernanda y a la ciudadana R.G.D.E. a entregar de manera irregular a un recién nacido en calidad de adopción, obteniendo un beneficio económico de 20 mil pesos.
Como parte de la sentencia, se impuso al sentenciado:
- Tres años de prisión, con posibilidad de libertad bajo vigilancia.
- Inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y por 3 años para litigar en materia de menores.
- Pago de 20 mil pesos como reparación del daño a la víctima indirecta.
- Multa de 103,740 pesos, equivalente a 1,000 días de salario según el valor de la UMA.
- Disculpa pública a la PRONNIF como medida de satisfacción.
Este caso ha generado preocupación en la opinión pública y refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en instituciones encargadas de la protección de menores.
