El 30 de abril de 2025, EE. UU. impuso sanciones a siete entidades y dos buques procedentes de Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Irán por traficar ilegalmente petróleo y productos petroquímicos iraníes, en operaciones valoradas en cientos de millones de dólares.
La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, forma parte de la campaña de “máxima presión” de la Administración Trump y precede a la reanudación de las negociaciones nucleares en Roma.
Estas sanciones afectan tanto a comercializadores como a transportistas de crudo iraní, y buscan reducir a cero las exportaciones petroleras de Irán para forzar concesiones en su programa nuclear.
Tras retirarse del acuerdo de 2015, EE. UU. acusó a Teherán de exceder los límites de enriquecimiento de uranio, mientras Irán sostiene que su programa es pacífico.
Analistas subrayan que la jugada complica el clima previo al diálogo nuclear, pues elevará la presión económica en Irán y puede endurecer la posición de los negociadores iraníes.
A su vez, la UE y otros mediadores instan a mantener un equilibrio entre presión y diplomacia para evitar un nuevo estancamiento
