Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, han acordado intensificar las acciones para contener la migración irregular hacia la Unión Americana. Este acuerdo surge en medio de un aumento del 9.3% en los encuentros de agentes fronterizos con migrantes en la línea divisoria entre ambos países.
Durante los primeros seis meses del año fiscal 2024 en Estados Unidos (octubre-marzo), los agentes fronterizos reportaron un total de 1,340,801 encuentros con migrantes en la frontera con México, marcando un aumento del 9.3% en comparación con el mismo período del año anterior.
Esta cifra es la más alta registrada desde al menos el año 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.
En particular, se observa un incremento significativo en los encuentros de agentes estadounidenses con familias migrantes, que suman 526,058 casos, representando un aumento del 64.8% en comparación con el mismo período del año anterior.
Los presidentes Biden y López Obrador, en una conversación telefónica, han ordenado a sus respectivas administraciones tomar medidas para reducir los cruces ilegales, mientras abordan los problemas económicos y de seguridad que impulsan la migración.
En un comunicado conjunto, los mandatarios expresaron su compromiso de trabajar juntos para implementar medidas concretas que reduzcan significativamente los cruces fronterizos irregulares, al tiempo que se protegen los derechos humanos.
El presidente Biden, quien busca un segundo mandato en las elecciones de noviembre, ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en respuesta a la creciente preocupación de los estadounidenses sobre la inmigración.
Por su parte, López Obrador destacó la importancia de mantener la frontera abierta a la inmigración legal, pero enfatizó la necesidad de evitar la migración irregular.
En otro contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM) por la retención indebida de ocho personas de nacionalidad venezolana y haitiana, señalando violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la libertad personal y el trato digno.
