El arribo de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León no podría entenderse sin el apoyo del «Grupo Monterrey». Sin embargo, este respaldo parece haber cambiado, ya que ahora, los grandes empresarios que lo impulsaron al cargo parecen estar dispuestos a verlo caer.
García enfrenta acusaciones de presuntas extorsiones por parte de empresarios neoleoneses, quienes denuncian que su jefe de Oficina de Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, solicitaba dinero en nombre de García a cambio de evitar problemas administrativos con el gobierno.
Los empresarios han tomado medidas enérgicas para desactivar la supuesta «máquina extorsionadora» del mandatario. Uno de los golpes más certeros fue quitarle a su administración el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), una herramienta utilizada para iniciar investigaciones contra quienes se negaban a pagar las cuotas.
La UIFE, anteriormente ubicada en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado, fue transferida a la Fiscalía General de Justicia, liderada por Pedro Arce Jardón, después de un intenso cabildeo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, se han filtrado presuntas triangulaciones de fondos por cerca de 200 millones de pesos entre varias empresas y despachos de abogados vinculados al gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, lo que ha aumentado la presión sobre su administración.
Estos escándalos podrían afectar al partido que pretende controlar García, Movimiento Ciudadano (MC), así como a su liderazgo, Dante Delgado. Otros políticos, como Luis Donaldo Colosio y Enrique Alfaro, ya han tomado distancia de él, lo que indica un debilitamiento de su posición dentro del partido.
El futuro político de Samuel García parece incierto en medio de estas acusaciones y filtraciones, que podrían tener consecuencias no solo para él sino también para el partido que representa y los políticos que están asociados con él.