La Corte Suprema resolvió hoy, por mayoría de seis a tres, que el gobierno federal puede terminar de manera definitiva el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos venezolanos desde 2019. Esta decisión anula las suspensiones dictadas en tribunales inferiores y otorga al Departamento de Seguridad Nacional plena discreción para finalizar el programa, que hasta ahora había protegido a unas 350 000 personas de la deportación. Las autoridades del DHS tienen ahora vía libre para fijar una fecha de caducidad del TPS que dejará sin estatus legal a estas familias, muchas de las cuales llevan más de cinco años trabajando y aportando al tejido social y económico de Estados Unidos.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado su alarma ante el impacto humanitario de este fallo. Advierten que miles de venezolanos podrían quedar en situación irregular casi de la noche a la mañana, enfrentar órdenes de deportación o verse forzados a vivir en la clandestinidad. Se estima que al menos el 60 % de los beneficiarios del TPS trabaja en sectores clave como salud, construcción y agricultura, por lo que el fin de esta protección incluso podría tener repercusiones en la economía de las comunidades receptoras.
