En un tenso preludio a las audiencias sobre las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica contra Israel, ambos países intercambiaron fuertes acusaciones en la víspera de las sesiones en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
La CIJ, también conocida como la Corte Mundial, llevará a cabo audiencias el jueves y el viernes en relación con las denuncias de Sudáfrica de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en su ofensiva en Gaza.
Las acusaciones sudafricanas, presentadas a fines de diciembre, alegan que Israel ha incumplido sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948. Ambos países son signatarios de este tratado, que prohíbe el genocidio y obliga a prevenir y castigar este crimen.
Las audiencias se centrarán exclusivamente en la solicitud de Sudáfrica de medidas de emergencia que ordenen a Israel suspender sus acciones militares en Gaza mientras se lleva a cabo el proceso para estudiar el fondo del caso, un proceso que podría extenderse durante años.
En una declaración, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, expresó: «Nuestra oposición a la matanza en curso de la población de Gaza nos ha impulsado como país a dirigirnos a la CIJ». Por otro lado, el portavoz del gobierno israelí, Eylon Levy, respondió diciendo: «El Estado de Israel comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia para disipar el absurdo libelo de sangre de Sudáfrica».
Israel sostiene que su ofensiva en Gaza, desencadenada después de un ataque transfronterizo por parte de Hamás el 7 de octubre, fue una respuesta necesaria para proteger a sus ciudadanos. En contraste, Sudáfrica argumenta que Israel ha incumplido con proporcionar ayuda humanitaria esencial a Gaza y ha llevado a cabo una campaña de bombardeos que ha causado una catástrofe humanitaria.
Se espera que el panel de 17 jueces, incluidos representantes de Israel y Sudáfrica, escuche los argumentos de ambas partes durante tres horas antes de emitir un fallo sobre las medidas provisionales a finales de este mes. Cabe destacar que las sentencias de la CIJ son vinculantes, aunque la Corte carece de mecanismos para hacerlas cumplir.
