Estados Unidos ha aprobado un nuevo gravamen del 3.5% a las remesas enviadas desde su territorio, lo que podría representar una pérdida anual de más de 2,600 millones de dólares para México.
Las remesas son una fuente crucial de ingresos para millones de familias mexicanas, especialmente en estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato. La medida ha generado preocupación entre los migrantes mexicanos, quienes han expresado su rechazo a la nueva política fiscal.
El gobierno mexicano ha iniciado conversaciones con autoridades estadounidenses para buscar alternativas que minimicen el impacto del impuesto. Mientras tanto, economistas han advertido que la reducción en el flujo de remesas podría afectar el consumo interno y la estabilidad financiera de muchas comunidades en México.
