Expertos coinciden en que el próximo pontífice, elegido en el cónclave que inicia el 7 de mayo, abordará reformas de manera paulatina, dada la inercia institucional de la Curia y la vigencia de altos funcionarios designados por Francisco.
Aunque algunos conservadores desean un regreso a la tradición, la mayoría de los 133 cardenales electores provienen de nombramientos de Francisco, lo que sugiere continuidad en el tono inclusivo más que rupturas doctrinales drásticas.
Víctimas de abusos clericales han reclamado que el nuevo papa refuerce la política de “tolerancia cero” y acelere la rendición de cuentas de obispos implicados en encubrimientos, una demanda que ha ganado fuerza tras años de denuncias.
Grupos de sobrevivientes exigen la expulsión de sacerdotes condenados y la remoción de prelados cómplices, señalando que las promesas anteriores quedaron a medias.
El gran desafío para el sucesor de Francisco será equilibrar la modernización administrativa y financiera del Vaticano —enfrentado a un déficit presupuestario y escándalos internos— con la preservación de la unidad doctrinal en una Iglesia global.
Su legado se definirá tanto por gestos simbólicos como por nombramientos episcopales a medio plazo.