Torreón, Coahuila.- La tarde de este miércoles, un grupo de familiares, amigos y habitantes del Ejido Nuevo Mieleras se manifestó en el cruce del Giro Independencia, exigiendo justicia por la muerte de Rolando Medina, quien falleció el pasado lunes durante un operativo de desalojo en dicho ejido.
La protesta incluyó el bloqueo de ambos sentidos del periférico Raúl López Sánchez, lo que generó un fuerte congestionamiento vial en las direcciones Torreón-Gómez Palacio y viceversa. Los manifestantes portaban pancartas y carteles donde exigían justicia y el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la muerte del joven.
Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando elementos del Grupo de Reacción y de la Policía Municipal arribaron al lugar para desalojar a los manifestantes. De acuerdo con testimonios de los presentes, los agentes habrían actuado con violencia al momento de retirar el bloqueo. Incluso, se reportó que una mujer fue detenida pese a los intentos de los presentes por evitarlo.
En redes sociales también trascendió que periodistas que cubrían la protesta fueron agredidos por los uniformados, lo que ha generado indignación entre usuarios y colectivos de prensa.
La manifestación surgió luego de que se cumpliera el plazo de 48 horas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en relación con la muerte de Rolando Medina. En este sentido, un elemento del Grupo de Reacción Torreón fue puesto a disposición de la autoridad ministerial como presunto responsable de los hechos.
Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía, confirmó que el caso fue judicializado y que la audiencia inicial se celebrará el próximo jueves 10 de abril.
«Lo que nos toca como Fiscalía es darle certeza a la familia de que se actuará conforme a la ley. El probable responsable está a disposición de la autoridad», declaró Fernández Montañez.
Asimismo, el fiscal reconoció que los protocolos de actuación no funcionaron de manera adecuada durante el operativo del pasado lunes, el cual tenía como objetivo desalojar a habitantes de 90 hectáreas del Ejido Nuevo Mieleras, como parte de una orden emitida por un Juez Civil.
“Es evidente que el protocolo no fue el correcto, porque si lo hubiera sido no habría terminado en una tragedia. Vamos a replantear con el municipio varios puntos de coordinación para evitar hechos como este, no solo en Torreón, sino en toda la región Laguna”, añadió.
El caso continúa generando reacciones tanto en la sociedad como en el ámbito político y de derechos humanos, mientras la comunidad exige justicia y mayor responsabilidad en la actuación de las fuerzas del orden.
