El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido este martes tras su llegada al aeropuerto internacional de Manila, luego de que el gobierno filipino recibiera una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Duterte, de 79 años, enfrentaba una investigación por su violenta campaña antidroga durante su mandato (2016-2022), en la que murieron más de 6,000 personas según cifras oficiales, aunque organismos independientes sostienen que la cifra podría ser considerablemente mayor debido a presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El exmandatario fue arrestado en medio de un fuerte despliegue de seguridad en el aeropuerto de Manila, tras arribar de Hong Kong. La Oficina Presidencial de Comunicaciones confirmó que Interpol en Manila había recibido la orden de detención esa misma mañana. «A su llegada, el fiscal general presentó la notificación de la CPI para su arresto», indicó el comunicado oficial, agregando que Duterte está bajo custodia de las autoridades.
Duterte cuestiona la orden de arresto
En un video difundido por su hija, Veronica «Kitty» Duterte, el expresidente cuestionó la legalidad de su detención. «¿Cuál es la ley y cuál es el delito que he cometido?», expresó.
Su antiguo portavoz, Harry Roque, también desestimó la orden de la CPI, argumentando que Filipinas ya no es miembro del tribunal internacional desde 2019. «Lo que está ocurriendo en este momento es una detención ilegal», declaró Roque en una transmisión en vivo en Facebook.
Reacciones a la detención
Diversos sectores han reaccionado ante la detención del exmandatario. Mientras su defensa argumenta que la orden carece de fundamento legal, organizaciones de derechos humanos han celebrado el arresto como un paso clave para la justicia en Filipinas.
«Su detención podría acercar a las víctimas y sus familias a la justicia y envía el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley», declaró Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch.
El gobierno de Ferdinand Marcos Jr., quien asumió la presidencia en 2022, ha sugerido que podría acatar la solicitud de extradición de la CPI. «Nuestras fuerzas del orden están preparadas para seguir lo que dicta la ley», afirmó la subsecretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Claire Castro.
La polémica guerra contra las drogas
Duterte, conocido por su discurso incendiario y su política de «mano dura», lanzó una violenta campaña antidroga desde su llegada al poder en 2016. La represión resultó en la muerte de miles de personas, muchas de ellas en barrios marginados y en circunstancias que han sido denunciadas como ejecuciones extrajudiciales.
Previo a su presidencia, Duterte ya había implementado medidas similares en Davao City, donde fue alcalde por más de dos décadas. En ese período, fue acusado de respaldar a escuadrones de la muerte para erradicar la delincuencia.
A pesar de su estado de salud delicado y de la amenaza inminente de la CPI, Duterte había anunciado recientemente su candidatura a la alcaldía de Davao, en un aparente intento de fortalecer su dinastía política, actualmente marcada por tensiones entre su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, y el presidente Marcos Jr.
La detención de Duterte marca un hito en la búsqueda de justicia internacional y podría tener repercusiones en la política filipina y la percepción de la CPI en la región.
