El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se declaró incompetente para resolver la situación del séptimo regidor electo de Torreón, Mario N, quien enfrenta un proceso penal que le impide tomar protesta en el próximo periodo 2025-2027.
Proceso suspendido por medida cautelar
Según informó la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, ni Mario N ni su suplente serán convocados a la toma de protesta del 1 de enero de 2025, ya que el regidor enfrenta una medida cautelar emitida por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Oral, que suspende temporalmente el ejercicio de su cargo público.
«Al no haber una designación de suplente, la séptima regiduría quedará en suspensión hasta que se resuelva la situación jurídica del propietario,» explicó Fernández.
Resolución del IEC
El IEC señaló en su dictamen que su competencia se limita a la organización de procesos electorales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, por lo que no puede pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la toma de protesta de regidores.
«Este instituto no cuenta con atribuciones ni competencia en la materia para resolver el caso,» afirmó Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo del IEC.
Contexto legal
El regidor presentó escritos los días 27 de noviembre y 13 de diciembre ante el IEC para consultar la posibilidad de asumir el cargo. Sin embargo, debido a la causa penal 2085/2024, la autoridad judicial determinó la suspensión temporal de sus funciones profesionales o laborales, incluyendo su rol como regidor.
La Comisión Instaladora del Ayuntamiento de Torreón también solicitó al IEC que se pronunciara respecto a su facultad para tomar protesta al regidor, recibiendo una respuesta negativa por parte del organismo electoral.
Suspensión de la regiduría
Ante esta situación, la séptima regiduría permanecerá suspendida hasta que se resuelva el proceso legal. Según Natalia Fernández, este procedimiento era necesario para agotar los trámites correspondientes y garantizar que el Ayuntamiento actúe conforme a la ley.
Esta decisión marca un precedente sobre cómo abordar casos similares en futuros procesos administrativos y penales relacionados con cargos públicos en la región.
