Cuando el término constitucional de un gobierno llega a su fin, se renuevan las esperanzas ante la llegada de una mejor administración. Tiene sentido lo que menciono, ya que, con el inminente cambio de estafeta, se vislumbra que las cosas pudieran cambiar para bien.
Cambiar no solo implica sustituir las figuras en las dependencias de gobierno que dan atención a la ciudadanía. Implica, desde mi perspectiva, cambiar la forma de pensar y de resolver los problemas. No basta con decir que estamos bien cuando la realidad nos muestra deficiencias y descubre el manto que esconde a la impunidad y la corrupción.
Creo que para construir un buen gobierno es necesario edificar su estructura basada en los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y la impunidad, justicia y paz. Cuando estos principios forman la base sólida de una administración, su desarrollo y sustentabilidad crecen porque se asientan en una estructura inquebrantable.
La seguridad y la justicia son tareas gubernamentales que deben funcionar en esquemas libres de todo acto de arbitrariedad, corrupción e injusticias. Cuando las funciones de seguridad y justicia no son bien remuneradas ni atendidas mínimamente para cumplir con su encomienda, aflora la corrupción.
Lamentablemente, hoy en día, muchas fiscalías carecen de lo esencial y se han convertido en centros de corrupción. Ojalá los nuevos gobiernos atiendan estas necesidades y reestructuren su funcionamiento. Sé que dirán que no es fácil, pero sí, nada es fácil, pero tampoco imposible. Con voluntad, confianza y apoyo, esto debe cambiar. Confiemos en que los nuevos gobiernos y las nuevas generaciones pondrán énfasis en darle otro matiz a la forma de gobernar