En una medida drástica que ha paralizado el sistema judicial mexicano, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han iniciado un paro nacional indefinido. Este movimiento surge en respuesta a la controvertida Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, que, según los manifestantes, amenaza con socavar la independencia del Poder Judicial y los derechos laborales de los empleados judiciales.
La reforma, presentada recientemente por el presidente de México, busca realizar cambios profundos en la estructura del Poder Judicial. Los trabajadores judiciales afirman que la propuesta busca someter al Poder Judicial, que actualmente actúa como un contrapeso fundamental entre los poderes del gobierno y protege a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades.
Además, critican que la reforma podría eliminar el sistema de carrera judicial basado en méritos, afectando negativamente a la estabilidad laboral y al acceso equitativo a los cargos de juzgadores federales.
A través de un comunicado, los trabajadores del Poder Judicial, agrupados en entidades como los Circuitos Unidos-Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, han expresado su rechazo a la reforma. Alegan que han intentado, sin éxito, dialogar y presentar sus preocupaciones a las autoridades competentes.
«Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que nuestras voces sean escuchadas,» indicaron en un comunicado conjunto. «Estamos defendiendo la justicia y la independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales de nuestra democracia.»
La suspensión de actividades en los tribunales ha generado una significativa disrupción en el sistema judicial. Los casos en curso podrían sufrir retrasos, afectando a miles de ciudadanos que dependen del Poder Judicial para la resolución de sus asuntos legales. Los trabajadores han pedido disculpas por las molestias causadas, subrayando que su objetivo es proteger el sistema de justicia de posibles daños irreparables.
El Poder Legislativo mexicano está programado para debatir el dictamen de la reforma el próximo 26 de agosto, un evento crucial que podría determinar el futuro de esta propuesta y el desenlace del paro. La situación sigue evolucionando, y es probable que continúen las negociaciones para encontrar un equilibrio entre las reformas propuestas y la protección de la independencia judicial y los derechos laborales.
Este conflicto se enmarca en un momento de creciente escrutinio sobre la autonomía de las instituciones en varios países. La situación en México es observada de cerca por analistas y organismos internacionales que temen que un debilitamiento del sistema judicial pueda tener repercusiones graves en la gobernanza democrática y en la protección de los derechos fundamentales.
