Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han presentado una solicitud de juicio político y una denuncia penal contra los jueces que emitieron suspensiones provisionales a la reforma al Poder Judicial. Esta medida responde al descontento del bloque mayoritario, que considera que las acciones judiciales representan una “grave intromisión en las labores del legislativo”.
El anuncio fue realizado por Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter) destacó que la bancada de Morena ha decidido emprender acciones contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto. Gutiérrez Luna acusó a ambos jueces de una “burda invasión de incompetencia” y afirmó: “¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar!”
El conflicto con los jueces se desencadenó el sábado 31 de agosto, cuando la jueza Magaña López, con sede en Morelos, otorgó una suspensión provisional que impedía la discusión de la reforma en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta decisión se basó en que la iniciativa no podía ser debatida sin una resolución definitiva sobre su legalidad.
Poco después, el juez Felipe V. Consuelo Soto, de Chiapas, emitió otra suspensión que bloqueaba el envío del proyecto a los congresos locales, en caso de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados. Soto argumentó que una reforma constitucional requiere la validación de al menos 17 congresos estatales, y la suspensión impedía que el proceso legislativo avanzara hasta que se resolviera la situación legal.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó estas medidas, argumentando que los jueces han violado la Constitución y han interferido de manera indebida en el proceso legislativo. La postura ha generado críticas en la oposición, que ve estas acciones como un ataque a la independencia del Poder Judicial.
Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó si la intención de Morena es encarcelar a los jueces, advirtiendo sobre las implicaciones de una persecución judicial. Rubén Moreira, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, ha expresado su rechazo a la reforma y a las acciones contra los jueces, mientras que Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha llamado a la unidad y al respeto a la pluralidad en el Congreso.
A nivel internacional, organismos como la ONU y Human Rights Watch, así como gobiernos de Estados Unidos y Canadá, han expresado preocupaciones sobre las posibles implicaciones de la reforma para la justicia y la democracia en México. La centralización del poder judicial y su impacto en la imparcialidad y estabilidad del sistema judicial mexicano han sido puntos críticos de estas preocupaciones.
A pesar del conflicto, la Cámara de Diputados ha programado la votación general de la reforma para el martes 3 de septiembre, con la discusión y votación de los aspectos particulares previstas para el miércoles 4 de septiembre. Ricardo Monreal ha indicado que, si la reforma es aprobada por la Cámara de Diputados, necesitará el respaldo de dos tercios del Senado y la mayoría de los congresos estatales para su implementación, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a los jueces y ministros a partir de 2025.
