El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta un aluvión de impugnaciones, con un total de 1,688 recursos legales interpuestos por particulares que cuestionan el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputaciones federales de representación proporcional.
El TEPJF, con plazo hasta el próximo sábado, debe decidir si admite o desestima estos recursos, los cuales fueron promovidos principalmente como juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. La mayoría de las impugnaciones fueron recibidas durante el fin de semana y están siendo evaluadas para determinar su viabilidad.
Entre las impugnaciones destacadas se encuentra la presentada por la excandidata presidencial Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, registrada bajo el expediente SUP-REC-1328/2024. Este recurso está en proceso de análisis por la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso. Además, se han presentado recursos de Mariana Gómez del Campo y miembros del Frente Cívico Nacional.
Las impugnaciones abarcan diversas razones. Algunas personas cuestionan el reparto de diputaciones porque no lograron acceder a una curul por mayoría relativa debido a la forma en que se realizó la distribución. Otros recursos provienen de grupos de abogados que han incluido a todos los partidos políticos como terceros interesados en sus reclamaciones.
El elevado número de recursos refleja una amplia preocupación por la representación proporcional y las decisiones del INE en cuanto a la asignación de curules, especialmente en un contexto donde se ha debatido la sobrerrepresentación de ciertos partidos en la Cámara de Diputados.
El TEPJF tiene la tarea crítica de resolver estos recursos a más tardar el 31 de agosto, justo antes del inicio de la nueva legislatura del Congreso federal. Las decisiones que tome el tribunal en los próximos días serán cruciales para definir la composición final del Congreso y el equilibrio de fuerzas políticas en el poder legislativo.
El proceso está en el centro de la atención pública y política, con implicaciones significativas para la gobernabilidad y la representación en el Congreso. El TEPJF deberá actuar con rapidez y precisión para manejar esta avalancha de impugnaciones y asegurar la legitimidad del proceso electoral.
