La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general y particular la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, marcando un paso importante en la transformación del sistema judicial mexicano. El dictamen ahora será debatido y votado por el pleno de la Cámara de Diputados en la 66 Legislatura.
Durante una sesión de más de cinco horas, se aprobaron 22 votos a favor de los legisladores de Morena, PT y PVEM, frente a 18 votos en contra de PRI, PAN, PRD y MC. Entre las principales modificaciones se destaca la introducción de la figura de los “jueces sin rostro”, una medida orientada a proteger la identidad de los juzgadores que emiten sentencias en casos relacionados con el crimen organizado.
Esta modificación, incluida a través de una reserva presentada por los diputados de Morena Lidia García y Salvador Caro, responde a una sugerencia del presidente López Obrador para incorporar medidas adicionales de seguridad en la reforma constitucional presentada el 5 de febrero de 2024. El texto establece que el órgano de administración judicial podrá implementar medidas para preservar la seguridad de las personas juzgadoras y resguardar su identidad en casos de delincuencia organizada.
El resto de las 229 reservas presentadas por seis grupos parlamentarios y la diputada independiente Susana Prieto fueron rechazadas. Entre las propuestas rechazadas se encontraban la de privilegiar la carrera judicial, mantener el sistema actual de elección de Ministros y Magistrados, y eliminar el requisito de promedio mínimo en la carrera de Derecho.
La diputada Prieto criticó el enfoque, señalando que el promedio requerido es una medida básica comparada con el nivel de profesionalismo que se necesita. Por su parte, el diputado Hamlet García de Morena planteó diversas propuestas para la reforma, incluyendo la alternancia de género en la Presidencia de la Corte y la posibilidad de que la Cámara de Diputados designe a un miembro del pleno de la Suprema Corte.
En el debate, el diputado del PAN, Jorge Triana, argumentó que la reforma podría aumentar la partidización del sistema judicial al permitir al Ejecutivo y al Legislativo elegir ministros y miembros del CJF de listas cerradas. Criticó también la falta de requisitos claros para ser ministro y la necesidad de establecer plazos más estrictos para las sentencias de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, propuso aumentar el presupuesto destinado al poder judicial y eliminar el plazo de seis meses para emitir sentencias, destacando los problemas de sobrecarga en los juzgados locales.
Con la aprobación en lo particular, la reforma será sometida al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación final. Esta reforma representa un cambio significativo en el sistema judicial, con implicaciones potenciales para la administración de justicia en México y la seguridad de los juzgadores en casos de alto riesgo.
