La aprobación de la controvertida reforma al sistema judicial mexicano ha desatado una ola de incertidumbre y tensión en el ámbito político del país, justo cuando se acerca la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre.
En una sesión maratónica, el Senado aprobó la reforma que permitirá la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. La votación, que se realizó tras una toma de las instalaciones del Senado por manifestantes, logró el respaldo necesario con 86 votos a favor y 41 en contra, aunque no sin polémica y acusaciones de presiones y coacciones.
La reforma, parte del llamado «Plan C» de López Obrador, aún debe ser ratificada por al menos 17 de los 32 estados mexicanos antes de ser promulgada. Este proceso ha generado preocupación sobre posibles impactos negativos en la imparcialidad del sistema judicial, con temores de manipulación y descontrol en la selección de magistrados.
Sheinbaum, que ha apoyado públicamente la reforma, enfrenta el desafío de liderar en un contexto de alta tensión política y de asegurar una transición sin mayores conflictos mientras se prepara para tomar las riendas del país.
