El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha sido acusado de triangular 40 millones de pesos mediante contratos irregulares. La investigación, llevada a cabo por autoridades locales y federales, sugiere que García utilizó empresas fantasma para desviar fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura.
La oposición ha exigido una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por parte del gobernador. García ha negado las acusaciones, calificándolas como un ataque político en su contra. Este escándalo ha generado una ola de críticas y ha puesto en el centro del debate la transparencia y la corrupción en el gobierno de Nuevo León.
